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Viernes 08 de marzo de 2013

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Trata de personas, violencia de género y abuso sexual, ¡reclamos urgentes!

En el mes de la mujer, un pedido por erradicar aquellos temas que amenazan nuestra integridad

 
 

Por Eugenia Tavano

 
"Sin clientes no habría mujeres y niñas esclavizadas oara la prostitución". 
Como toda gran causa, la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos está teñida de claroscuros. Nada de lo humano nos fue ajeno en ese difícil camino, y así como el coraje de tantas precursoras ilumina nuestros pasos, las injusticias a las que todavía nos vemos sometidas en pleno siglo XXI nos remiten a un oscurantismo que ya debería ser parte del pasado. A la par de la creciente participación femenina en el ámbito político y público, y de la conquista de libertades individuales, las mujeres somos víctimas de delitos que vulneran principios básicos de Derechos Humanos y que, por su naturaleza, atentan contra la integridad de nuestras familias, más específicamente la de los niños y niñas que quedan desamparados a causa de ellos.

Desde el caso emblemático de Marita Verón pasando por tantas otras que, día a día, se convierten en noticia por haber sido asesinadas o brutalmente agredidas por sus parejas varones, la trata de personas, la violencia de género y el abuso sexual (que, en rigor, es una de las tantas formas que adopta la violencia contra la mujer) son temas que exigen el compromiso no solo del Estado, sino de todo el conjunto de la sociedad.

Compleja y urgente, en nuestro país la discusión sobre estos temas se fue instalando en la opinión pública y avanzó de manera decisiva a partir de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y la última modificación a la Ley de Trata de Personas que le siguió al controvertido fallo del caso Verón. Con todo, este difícil entramado en el que convergen prejuicios culturales que naturalizan la violencia y prácticas que la legitiman demanda todavía más políticas públicas y acciones conjuntas que alcancen a todos los ámbitos sociales.

Trata de personas: despues de Marita

Fabiana Tuñez, referente de la ONG La Casa del Encuentro, explica el enorme alcance que tienen en nuestro país las redes de trata de personas, organizaciones mafiosas íntimamente ligadas al narcotráfico, a ámbitos de poder, y que en 2013 ya se cobraron 700 víctimas entre mujeres y niñas desaparecidas en todo el país. El fallo que absolvió, en diciembre último, a los 13 imputados por el secuestro de Marita Verón, hecho que conmocionó a la sociedad argentina y que derivó en una reforma de la Ley de Trata vigente hasta entonces (ver apartado), demuestra cuán profundo cala el machismo en las instituciones. Una de las principales razones del fallo absolutorio se basó en la desestimación de los testimonios de las testigos, mujeres rescatadas de las redes de trata que dijeron haber visto a Marita Verón en diferentes prostíbulos. Al cierre de esta edición, el fallo fue apelado por el abogado de Susana Trimarco, madre de Marita, quien además solicitó el juicio político a los magistrados tucumanos. "La trata es la esclavitud del siglo XXI", dice Tuñez, quien más allá de reconocer las nuevas reformas a la ley reclama más políticas públicas que aborden el tema y un presupuesto acorde para llevarlas adelante. "Hay que desmantelar no solo las mafias sino las complicidades de otros sectores de la sociedad, la política y la justicia, y también la de aquel que es otro de los pilares: el cliente prostituyente. Si no hubiera demanda, no habría mujeres y niñas secuestradas y esclavizadas para la prostitución", dice la referente de La Casa del Encuentro. Una de las propuestas en discusión es desalentar el consumo a través de mecanismos de disuasión como multar al cliente y obligarlo a atenerse a algún tipo de probation. "Al varón hay que explicarle que alguien puede estar buscando a esas mujeres. Los medios de comunicación alientan la prostitución y eso también es violencia y está penado. Y nosotras, como madres y esposas, tenemos que dejar de naturalizar que nuestros hijos o esposos consuman prostitución".

Otro de los puntos más fuertes apunta a la asistencia integral de las víctimas de la trata, consideradas de alta vulnerabilidad social. Si bien la nueva ley lo prevé, Tuñez considera que "deben ser asistidas como mínimo 5 años, no solo desde lo legal sino desde el fortalecimiento psicológico para que puedan rearmar sus vidas, con subsidios y programas de capacitación estatales que las inserten en nuevos modelos de trabajo". Tuñez pone de relieve, además, que el 70 por ciento de las víctimas caen en las redes engañadas con falsas promesas laborales, mientras que el 30 por ciento son directamente secuestradas.

 
De manera ecuánime, todas las ONG convocadas para hablar sobre las problemáticas de esta nota coinciden en denunciar la disparidad que se da entre las jurisdicciones provinciales para aplicar las leyes vigentes y la falta de capacitación en materia de género de magistrados y magistradas, fuerzas de seguridad y demás funcionarios y funcionarias que asisten o toman contacto con las víctimas. "Si bien hay ciertas normas y estándares internacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres que son obligatorios para todo el territorio argentino, la aplicación de esas normas depende de cada provincia, lo cual es propio de un país federal como el nuestro", reconoce Romina Pzellinsky, encargada del Programa de Género del Ministerio Público Fiscal que encabeza la doctora Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación. En ese sentido, el Estado nacional está trabajando fuertemente a nivel interinstitucional. Desde hace tres años la Corte Suprema de Justicia de la Nación lleva adelante, a través de la Oficina de la Mujer a cargo de la Ministra de la Corte Dra. Carmen Argibay, "un plan permanente de incorporación de la perspectiva de género al interior del Poder Judicial, a través de talleres de sensibilización en las 24 jurisdicciones de todo el país", explica la licenciada Nidia Marsero. "Tenemos claro que esta cuestión requiere un cambio cultural, por eso preparamos material y ejercicios que permiten visualizar la realidad cotidiana de cada participante y proponer modificaciones o alternativas para poder ir neutralizando estereotipos". El proyecto alcanza a magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias, y empleados y empleadas de cada jurisdicción. Ya se realizaron más de 600 talleres que alcanzaron a 15 mil personas, y también se firmaron convenios para llevar esta experiencia a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE, dependiente del Ministerio Público Fiscal) y con los Ministerios de Seguridad del que dependen las fuerzas policiales. Pzellinsky aporta que ya se presentó al Consejo de la Magistratura un proyecto por el cual "las candidatas y los candidatos a juezas y jueces deben acreditar capacitación en materia de género como requisito para anotarse en los concursos".

Violencia de genero, la noticia del día

Aunque muchas veces el horror supere nuestra capacidad de asombro, todas las semanas nos enteramos de que otra mujer, adolescente o niña fue víctima de femicidio. Quemadas vivas, asesinadas a tiros, a puñaladas o a golpes, la violencia de género contabiliza 119 víctimas solo en el primer semestre de 2012, según el relevamiento que realiza la Casa del Encuentro a falta de registros oficiales. "La Ley 26.485 es de las mejores de Latinoamérica (ver apartado), pero se necesita presupuesto para implementarla", dice Ada Rico, refrente de esa ONG. "Por ejemplo, hay insuficientes refugios. Cuando una mujer toma la difícil decisión de hacer una denuncia e irse con sus hijos pero no tiene adónde y debe regresar a la casa del agresor, se expone a que a él le llegue una citación y, después de quedar como mucho demorado en la comisaría, regrese al hogar con más violencia". Vale aclarar que según el relevamiento mencionado, en 2011 las mujeres y niñas muertas por violencia de género fueron 282, casi un 10% mas que en el año anterior.

El tema de la desarticulación en las estadísticas oficiales es otro de los reclamos de las ONG, y una deuda que acusa el Estado. "Es muy complejo" reconoce Marsero, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. "Un poco por el federalismo, que en un punto atenta contra la unificación de criterios. Un avance importante fue el convenio firmado en 2012 entre el Consejo Federal de Mujeres y el INDEC para generar un registro único de situaciones de violencia. No incluye femicidios pero explora, en todos los organismos del país vinculados al tema, qué registros lleva cada uno para ver cómo pueden unificarse. Estamos viendo cómo centralizar esos datos porque somos conscientes de que es un déficit".

De fondo, siempre está la cuestión cultural. Monique Altschul, referente de la ONG Mujeres en Igualdad, una de las primeras organizaciones en visibilizar el tema de la trata, en materia de violencia doméstica advierte que "una de las cosas que estamos todavía analizando pero que nos preocupa es que en muchos dictámenes de divorcios violentos o violencia de género, cuando el varón tiene cierta influencia o poder económico, los jueces le quitan la tenencia de los hijos a la mujer haciendo lugar a las acusaciones de ‘locura’ por parte del hombre". Este es uno de los tantos ejemplos que demuestra que la violencia contra la mujer no distingue clases sociales pero que todavía, para muchos, sigue siendo una cuestión del ámbito privado. Dice Rico: "La sociedad no se involucra tanto, no hay movilizaciones. Se sigue sosteniendo el mito del varón violento: no es que ‘la mató porque se emborrachó’ ni porque ‘ella tenía la culpa’". Pzellinsky amplía: "Una de las características de la violencia de género, en particular de la violencia doméstica, es que los hechos en su mayoría ocurren en el interior del hogar, ámbito que hasta hace un tiempo se lo creía ajeno a la intervención estatal, con el argumento de que lo que sucedía en la familia debía ser resuelto ‘puertas adentro’. Fue después de muchos años que se empezó a tomar conciencia de que muchas mujeres corren serio peligro en sus propias casas, y se empezó a exigir que el Estado interviniera para ponerle fin a esta situación".

"Existe una salida para la violencia, pero no se puede salir sola", advierte Rico. "A veces las mujeres no pueden ver los recursos que tienen alrededor para cambiar de vida, y hay que ayudarlas mucho. Porque existen los golpes, pero también las heridas del alma".

 
"La trata es la esclavitud del siglo XXI". 

Abuso sexual, entre la impunidad y el silencio

Uno de los casos más comunes de violencia contra la mujer son los delitos contra la integridad sexual. Y hay que tener muy en claro que el 80 por ciento de ellos se da en el ámbito intrafamiliar, donde niñas, niños y adolescentes son abusados por parientes directos.

Desde Avivi, Asociación Ayuda a Víctimas de Violación, María Elena Leuzzi denuncia la dificultad que implica cambiar los criterios existentes a nivel penal e instalar otros nuevos. Por ejemplo, la ONG viene impulsando el tratamiento, a nivel legislativo, de la creación de un banco nacional de huellas genéticas, en el que se incluiría el ADN de cada bebé recién nacido y las muestras tomadas a víctimas de abuso. La finalidad sería facilitar el entrecruzamiento de ADN al producirse una violación. "Pero este proyecto ni se ha tratado a nivel legislativo, porque se nos dice que es estigmatizante". Si bien en algunas provincias (entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Mendoza) existe un Registro de abusadores que recaba datos genéticos, de filiación, domicilio, etc., solo se incluyen los condenados por delitos sexuales con sentencia firme y su carácter es confidencial, es decir, solo pueden acceder funcionarios del Poder Judicial. Otro punto central, ya que se trata de una delito con una altísima tasa de reincidencia, es que "a los condenados que cumplieron la mitad de la condena por buena conducta se les permiten las salidas transitorias", dice la abogada Cinthia Amadei de La Casa del Encuentro "y es sabido que la mayoría de las veces vuelven a delinquir".

Esta temática tiene aristas particulares, ya que al darse, en la mayoría de los casos, en el ámbito familiar, algunos temas escapan a la órbita judicial. "Los adultos deben tener en cuenta, siempre, que los niños y niñas no mienten. Si un niño o niña, con todo el dolor que eso implica, se acerca a contar un abuso, siempre hay que creerle, ya que ante la menor duda que vea en el adulto y dado el carácter vergonzante del hecho, probablemente no vuelva a hablar", dice Amadei.

Como en toda cuestión de género, estos casos también requieren un profundo cambio cultural en cuanto a la asistencia a la víctima. "Hay que evitar revictimizar a las mujeres, que muchas veces son cuestionadas o maltratadas cuando van a hacer la denuncia. Se les preguntan cosas atroces o se duda de su palabra", sigue la abogada. Leuzzi también reclama que se evite la burocracia en una instancia de tanta vulnerabilidad. "Tendría que hacerse todo en el hospital., pero se las lleva de acá para allá cuando lo que más quiere una víctima es estar tranquila. Hasta pasó que se perdieron interrogatorios hechos a niños con cámara Gessell y hubo que volver a interrogarlos". La doctora Pzellinsky reconoce que "en las causas por abusos sexuales a veces se siguen filtrando prejuicios de género que afectan el resultado de las investigaciones y el tratamiento a las víctimas. Esos prejuicios pueden verse en la poca credibilidad que se le asigna al testimonio de la víctima en ciertos casos, o en el hecho de que se la somete a un test psiquiátrico para determinar si fabula –lo cual no se hace en otros delitos–, o en la relevancia que se le da a cuestiones totalmente ajenas al hecho, por ejemplo, el pasado sexual de la víctima, o su forma de vida", y agrega que desde el proyecto a su cargo, el Ministerio Público Fiscal está trabajando para la erradicación de estos prejuicios en lo que a los y las fiscales respecta..

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